A juicio del consejero, “no se deben volver a repetir los errores que, en el pasado, desembocaron en la edificación de verdaderas áreas de marginalidad, situadas casi siempre en los extrarradios de las ciudades, y que lejos de fomentar la cohesión social, aumentaron las diferencias entre barrios de ricos y barrios de pobres”.

En este sentido, Alejandro Gil ha querido poner de manifiesto que el problema del acceso a la vivienda para muchas familias, no es solamente económico, sino que también influyen otros factores que deben ser abordados de manera conjunta con la cooperación de los servicios sociales de la administración.

El segundo de los argumentos esgrimidos por el consejero es “que la vivienda pública ya no es sinónimo de casas de mala calidad”. A tal efecto, Gil ha recordado como la Ley promulgada en el año 1911 en materia de vivienda, era conocida como la “Ley de las casas baratas”, denominación que denotaba la escasa calidad con la que eran levantados los inmuebles de la época.

Por el contrario, y según los datos aportados por el consejero de Vivienda y Urbanismo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha incrementado en un 80% la inversión por vivienda en cuanto al coste de las edificaciones se refiere, pasando de algo más de 38.000 euros en el año 1996, a más de 70.000 euros en la actualidad, lo que pone de manifiesto una mayor apuesta por la calidad de las viviendas construidas.

En tercer lugar, Alejandro Gil ha querido expresar la necesidad de realizar una apuesta por la innovación en los diseños de las viviendas públicas, de manera que se destierre el concepto de que estas casas son sinónimo de arquitectura anodina y poco atractiva.

Dentro de esa diversidad en el diseño, el consejero ha enumerado algunas de las actuaciones más emblemáticas que está llevando a cabo su departamento, como el Ecobarrio de Toledo, el Paseo de la Cuba en Albacete, la barriada del Padre Ayala en Ciudad Real, el Fuerte de San Francisco en Guadalajara o el emplazamiento presentado ayer mismo en Alcázar de San Juan, y que servirá de base para un proyecto urbanístico en el marco del concurso internacional de arquitectura Europan 8.

Durante los veinte años en los que la Junta de Comunidades goza de competencias en materia de vivienda, el Gobierno regional ha facilitado el acceso a la vivienda a 35.000 familias de Castilla-La Mancha, a través de la edificación directa de inmuebles, o enajenando suelo público para este mismo fin.

Alejandro Gil ha concluido su intervención afirmando que las 8.000 viviendas públicas que, sobre suelo de la Junta de Comunidades, está previsto se desarrollen en esta legislatura, más las viviendas protegidas que se edifiquen en colaboración con las empresas privadas, deben lograr la plena satisfacción de aquellos ciudadanos, cuya situación personal, económica y social, no les permite acceder a una vivienda de renta libre.