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La Mesa Nacional del Ajo, ante la situación de crisis
que vive el sector, ha solicitado la colaboración de las Administraciones
locales para presentar una moción con la propuesta que la propia Mesa Nacional
realiza a la UE,
cuyo objetivo sea la mejora de la situación del sector. Concretamente en
Castilla-La Mancha, principal productor nacional de ajo, la Mesa Nacional, a través de la Unión de Cooperativas
Agrarias de Castilla-La Mancha (UCAMAN) ha elaborado, al igual que en el resto
de Comunidades Autónomas con importante presencia en el cultivo y comercio del
ajo, una moción para su aprobación en los diferentes Ayuntamientos de la
región
El objetivo es que esta moción, en la que se enumeran
las principales medidas que, a juicio de la Mesa Nacional, se deberían
tomar para solucionar la preocupante crisis del sector, sea aprobada en un
breve espacio de tiempo por unanimidad de las fuerzas políticas municipales y,
a raíz de su aprobación, remitirla a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha,
al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y a la Comisaria Europea.
Además, con el objetivo de lograr los mayores apoyos
posibles, la Mesa Nacional
del Ajo tiene la intención de contactar con los responsables agrarios de los
grupos parlamentarios nacionales (PSOE, PP, Mixto, CiU, PNV, etc.) y con los
grupos parlamentarios comunitarios responsables de temas agrarios.
La Mesa Nacional del Ajo ha reaccionado con esta serie de solicitudes
de apoyo ante la grave situación que vive el sector, marcado por la parálisis
de ajo a nivel europeo debido a una presencia masiva de ajos procedentes de
China. Por ello, la Mesa Nacional
ha formulado a la Unión Europea
cinco peticiones, cinco soluciones que, desde el sector, se considera deben
ponerse en funcionamiento de una manera rápida y urgente, de lo contrario, la
reducción de superficies de cultivo, la desaparición de explotaciones y empresas,
la crisis económica y social de pueblos y comarcas será un fenómeno inexorable,
que pondrá en tela de juicio las políticas comunitarias de desarrollo rural,
condenando al sector del ajo al subdesarrollo.
Por ello se propone, en primer lugar, el incremento
del importe del arancel disuasorio de 1.200 euros / tonelada a 1.800 euros /
tonelada. Con esta nueva cuantía se palia en parte el incremento de los costes
de producción y puesta en mercado del ajo comunitario registrado en los últimos
años.
En segundo lugar se propone la unificación de todos
los códigos aduaneros bajo los que se importa ajo a la UE en una sola nomenclatura y
contingente. La siguiente propuesta habla de la modificación de los requisitos
a cumplir por los importadores de ajo; es decir, las licencias de importación
se deben asignar a aquellos operadores que hayan importado o exportado ajo en
cantidad de 50 toneladas en los últimos tres años. En la actualidad la mayor
parte de las licencias de importación de ajo están en manos de operadores que
no hacen uso de ellas directamente, sino que las venden para su tráfico, y
también en poder de operadores que en el pasado fueron protagonistas de
operaciones ilegales de importación y tráfico de ajo procedente de China.
La cuarta medida habla del cumplimiento, por parte de
las producciones hortofrutícolas importadas de terceros países, de las normas y
protocolos en materia de trazabilidad y seguridad alimentaria que se aplican a
las producciones comunitarias.
Y finalmente, la última de las medidas solicita la
intensificación del control del fraude e información pública de las sanciones
impuestas como único mecanismo disuasorio. La Ley de Protección de Datos no debe servir para
encubrir a los defraudadores al fisco y a los que ganan dinero fácil en operaciones
ilegales.
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