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CCOO ha expresado su “sorpresa”
por la adjudicación por parte de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la explotación
de las cuatro licencias de TDT de la región “a determinadas empresas,
especialmente a una, el grupo La
Tribuna, que el pasado mes de junio cesó la actividad de su
incipiente televisión y presentó un ERE que terminó dejando en la calle a 70
personas, 26 de ellas de la tele y las demás de otros medios de comunicación de
este grupo empresarial”, según indicó esta mañana en rueda de prensa la
secretaria regional de la
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO,
Carmen López
López cuestionó también la decisión del Gobierno regional porque “uno de
los requisitos para la adjudicación era la viabilidad económica. Y fue la
propia Administración la que aprobó en junio el ERE del grupo La Tribuna en función de
su situación económica deficitiaria”.
Por todo ello, López concluyó: “si esta adjudicación tiene otro sentido
que no sea recuperar el empleo de todas las personas afectadas por aquel ERE,
tanto las de la televisión como las demás; es una barbaridad”
Advirtió que CCOO hará un seguimiento muy estricto de lo que ocurre con
estas adjudicaciones, tanto para “que no sean objeto de una venta posterior”
que sólo lucraría a los empresarios
benefeciados con las concesiones; como para que las relaciones laborales en el
seno de las empresas se adecúen a la normativa laboral y cumplan el convenio
colectivo.
Al respecto, el secretario regional de Acción Sindical de la FSC de CCOO, José Herrera,
exigió al Gobierno regional “rigurosidad en el cumplimiento de los acuerdos que
firma con este sindicato”; en concreto el II Acuerdo por la Estabilidadla Junta
a “ser garante” de la correcta aplicación del convenio colectivo de sus
respectivos sectores a todos los trabajadores de las empresas adjudicatarias de
servicios públicos. en el
Empleo, que obliga a
Herrera aseguró que “varias las empresas adjudicatarias de TDT son
incumplidoras” de la normativa laboral;
y mencionó a modo de ejemplo que una de ellas, El Pueblo de Albacete, “acaba de
ser sancionada por la
Inspección de Trabajo con más de 200.000 euros por
incumplimiento reiterado del convenio colectivo”.
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