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Comunicado de la Consejería de Administraciones públicas y Justicia |
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23.12.2009 |
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Ante la sucesión de ataques a
la profesionalidad del personal de la Administración Regional y los sistemas de
provisión de puestos de trabajo seguidos, el Gobierno de Castilla-La Mancha
quiere trasladar a la opinión pública las siguientes puntualizaciones:
- Los ataques que se están lanzando contra
la Administración Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y sus trabajadores y trabajadoras se basan en un dato falso. El dato real
es el siguiente: de las 77.948 plazas de trabajo existentes en la
Administración Regional, todas están reservadas a funcionarios de carrera
o personal laboral, excepto 119 que corresponden a altos cargos del
Gobierno y 149 que son ocupadas por personal eventual. Estas 268 plazas
representan el 0,34
por ciento del total de trabajadores y trabajadoras públicas de la
Administración Regional.
- Por tanto, el 99,66 por ciento de las
personas que desempeñan un puesto de trabajo en la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han accedido a la misma por
oposición o concurso oposición, respetándose en todo momento los
principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad de los
aspirantes.
- Aunque no existe obligación legal de
nombrar a los altos cargos y personal eventual entre funcionarios de
carrera, su designación tiene en cuenta en gran medida criterios técnicos,
de tal forma que el 80% de los altos cargos son también funcionarios de
carrera.
- La provisión de puestos de trabajo en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se realiza
con escrupuloso respeto a la legislación en materia de función pública.
- Los sistemas de cobertura de plazas por
los procedimientos de libre designación, concurso de méritos específico o
comisión de servicios son utilizados por todas las Administraciones
Públicas españolas, ya que son supuestos contemplados en la normativa de
función pública.
- El Gobierno de Castilla-La Mancha
considera una grave irresponsabilidad sembrar dudas sobre la
profesionalidad del personal que presta
sus servicios en la Administración Regional, especialmente cuando
para ello se difunden datos falsos y se intenta confundir a la opinión pública
mezclando deliberadamente conceptos relativos a la provisión de puestos
de trabajo que nada tienen que ver entre sí.
- Por tal motivo, el Gobierno de
Castilla-La Mancha, en defensa de los trabajadores y trabajadoras públicos
de la Administración Regional, solicitará de forma inmediata a los
servicios jurídicos de la Consejería de Administraciones Públicas y
Justicia que estudien si las falsedades sobre la profesionalidad del
personal de la Junta de Comunidades difundidas durante los últimos días
pueden ser causa de acciones legales.
- El Gobierno de Castilla-La Mancha dará
la información oportuna sobre la composición de la plantilla de
trabajadores y trabajadoras de la Administración Regional en el Parlamento
Autonómico si así lo estima conveniente la Mesa de las Cortes.
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