La única solución al problema del paro es establecer un ingreso mensual
para todas las personas sin empleo que carezcan de algún tipo de prestación, de
manera incondicional e individualmente. En la actualidad, más
de un millón de parados no cobran ningún tipo de prestaciones
El gobierno propone dar una
prórroga de seis meses, ofreciendo 420 euros mensuales a quien deje de cobrar
el paro, sólo a partir de una fecha determinada. ¿Y después qué? ¿Y quien en la actualidad no
esté cobrando nada? La Junta
de Castilla y León quiere aprobar una Renta Garantizada que esté condicionada a
un itinerario de inserción laboral, siguiendo lo que la actual ley establece
para recibir la Renta
Activa de Inserción, que exige aceptar una colocación adecuada ofrecida por la Oficina Pública de
Empleo o la Agencia
de colocación sin fines
lucrativos y participar en trabajos de colaboración social o programas
de empleo o cursos, lo cual pretende convertir al parado en mano de obra
residual. Cualquier trabajo debe ser remunerado con un salario, pues no pagar
el trabajo hace esclavos. La búsqueda de
empleo debe ser una acción personal y no una obligación ante la amenaza de
quitar una prestación de la que depende la supervivencia de la persona en
paro. Tales planes de inserción han de
ser voluntarios. El ingreso mensual debe considerarse como un derecho, por necesidad
de subsistencia, la cual hoy no se garantiza a través del empleo.
Las medidas tomadas hasta
ahora han supuesto una discriminación a
los parados. Se han pagado 400 euros a los asalariados y no a los parados que lo
necesitan. A los jóvenes de hasta 30 años se les da lo que se llama Renta
Básica de Emancipación, 210 euros al mes para el alquiler de un
piso, que no es una renta básica, pero sólo si reciben un salario y no a los jóvenes en paro que lo
necesitan más. El gobierno paga 2.000 euros para comprar un coche
y no para comprar una bici, o para
comprar el pan que necesitan los parados. Siguen un criterio electoral y
discriminan gravemente a las personas en paro.
Vivimos una crisis
de empleo que no es posible
resolver a través de crear puestos de trabajo, error esencial en el que se
está cayendo, porque esto impide establecer un nuevo modelo que funcione y sea
eficaz. El plan E ha
sido una estafa. Una vez iniciado ha aumentado el número de parados.
Algo que advertimos al gobierno y no se nos hizo caso (Diario de León, 30 / XII
/ 2008) Todo lo que le dijimos se ha comprobado. El dinero público para
incentivar el empleo debe ir al trabajo público, pues al ir a las empresas se
ha gastado en costes de material, salarios
y beneficios, suponiendo estos
últimos más del 50% de los presupuestos para dicho plan. Esto ha enriquecido a
unos pocos empresarios y accionistas; con el dinero que el Estado debería dar a
los parados y les ha quitado, sea en forma de trabajo o de prestación.
La actual Política Agraria
Comunitaria (PAC) garantiza unos ingresos a los propietarios
de las tierras, lo que supone dar miles de euros a los terratenientes, sin que
se dé a los parados una base económica de supervivencia. La pregunta que nos
debemos hacer es:
¿Hay dinero? o ¿cómo se distribuye?
Se hacen campañas de propaganda
anunciando medidas, se dan nombres a propuestas que no son lo que dicen ser y
el problema aumenta. Se escenifican controversias que tratan de no dejar ver el
problema de fondo: que los parados necesitan una urgente
solución, ante la falta de recursos para sobrevivir. Los sueldos de diputados,
asesores, directores generales y otras categorías colocados por criterios
políticos se establecen por ley. Los encargados de establecer el marco legal de
las medidas para los parados ganan tanto que no ven a quienes están en paro,
para ellos son cifras y estadísticas.
Por ley, el presidente del
gobierno puede cumplir lo prometido en la campaña electoral: el pleno empleo. Bastaría que se
suprimieran los semáforos y pasos de cebra de toda España, con lo cual, a
turnos de tres trabajadores por cada uno suprimido, se daría trabajo a los más
de cuatro millones de desempleados. Otra cosa es que esta medida sea absurda,
pero tanto como lo es aspirar al pleno empleo. Es la carencia estructural de
puestos de trabajo la que debe ser sustituida por un ingreso mensual que garantice la supervivencia de las personas
en paro. No hay que crear las ayudas
como un chantaje que sirve para
castigar al parado y convertirlo en mano de obra servil y barata; porque ello
afecta negativamente al mercado laboral y agrava más la crisis, como estamos
viendo, sin encontrar soluciones sino declaraciones propagandísticas
mediante el ilusionismo político que hace, cada vez más, de la mentira la
nueva ideología del Poder, como un fin en sí misma para ejercer el Poder sobre
los ciudadanos y controlar el aparato del Estado.
Es necesario un nuevo
modelo fiscal, porque el actual ha quedado obsoleto. No sirve para
cumplir su función de cubrir las necesidades sociales. Lleva al endeudamiento a
las diversas administraciones del Estado. Así mismo se requiere de una
nueva economía que no dependa de crear puestos de trabajo, con el fin
de garantizar un desarrollo sostenible,
ante la grave amenaza que supone el cambio climático y la contaminación, sobre
lo que el Gobierno español ha firmado diversos tratados que no cumple.
Hacemos un llamamiento a la sociedad para
movilizarse y actuar en este sentido.
El gobierno propone dar una
prórroga de seis meses, ofreciendo 420 euros mensuales a quien deje de cobrar
el paro, sólo a partir de una fecha determinada. ¿Y después qué? ¿Y quien en la actualidad no
esté cobrando nada? La Junta
de Castilla y León quiere aprobar una Renta Garantizada que esté condicionada a
un itinerario de inserción laboral, siguiendo lo que la actual ley establece
para recibir la Renta
Activa de Inserción, que exige aceptar una colocación adecuada ofrecida por la Oficina Pública de
Empleo o la Agencia
de colocación sin fines
lucrativos y participar en trabajos de colaboración social o programas
de empleo o cursos, lo cual pretende convertir al parado en mano de obra
residual. Cualquier trabajo debe ser remunerado con un salario, pues no pagar
el trabajo hace esclavos. La búsqueda de
empleo debe ser una acción personal y no una obligación ante la amenaza de
quitar una prestación de la que depende la supervivencia de la persona en
paro. Tales planes de inserción han de
ser voluntarios. El ingreso mensual debe considerarse como un derecho, por necesidad
de subsistencia, la cual hoy no se garantiza a través del empleo.
