Con la reforma el Gobierno quiere:

1. Meter la mano en los bolsillos de los pensionistas por importe de 80.000 millones de euros (4 puntos de PIB en 2030).

2. Favorecer planes privados de pensiones que benefician a los Bancos.

En Izquierda Unida vamos a luchar para que:

1. No se aumente la edad de jubilación por encima de los 65 años.

2. No se incremente el período de cómputo para calcular la pensión más allá de 15 años.

3. Las pensiones se revaloricen al menos lo mismo que aumenten los precios (IPC) y más aún para las pensiones más bajas.

Lo vamos a hacer movilizándonos en la calle para mostrar al Gobierno el rechazo a estas medidas y proponiendo en el Parlamento una Ley para garantizar los derechos de todos los pensionistas y parar el “pensionazo”.

La reforma del Gobierno es una injusticia y, además, innecesaria.

ES UNA INJUSTICIA PORQUE...

1. Recorta las pensiones por importe de 80.000 millones según los datos del Gobierno recogidos en el Plan de Austeridad que ha enviado a Bruselas.

2. Cuando se aplique completamente, habrá 12 millones de pensionistas (3,5 millones más que ahora) y 80.000 millones de euros menos para pensiones, es decir 6.600 euros anuales menos por pensionista.

3. El Gobierno no dice la verdad cuando afirma que su objetivo es que “la buena situación presente continúe en el futuro”.

Afirma que busca una mayor correspondencia entre cotizaciones y pensión pero la realidad es que “con la misma cotización tendrás menos pensión”. Según los datos de ese Plan, por cada año que aumente el cómputo para el cálculo de la pensión, el gasto se reduce un 0,2% del PIB. Si el período de cálculo pasara de 15 a 25 años, se recortaría lo percibido por pensiones en unos 40.000 millones de euros. Cuantos más años se utilizan para el cálculo, más baja es la pensión porque los salarios y las cotizaciones más antiguas son también más bajas.

Y, ADEMÁS DE SER UNA INJUSTICIA, NO ES NECESARIA, PORQUE...

El Sistema Público de Pensiones es fuerte y está consolidado. El año 2009, en plena crisis, ha tenido un superavit de 8.500 millones de euros. El Fondo de Garantía aumentará hasta 62.000 millones de euros.

Los argumentos alarmistas del Gobierno son engañosos y carecen de rigor:

1.- El principal es el aumento de la esperanza de vida. Es incorrecto. El aumento de la esperanza de vida se debe a que ha descendido la mortalidad infantil y ha mejorado la salud de la población (en todo caso, esto sólo significaría que hay más cotizantes). Que haya aumentado la esperanza de vida 4 años no significa que todas las personas vivan 4 años más.

2.- Dice  que el incremento del gasto en pensiones será excesivo en el futuro. Tampoco es cierto. Véase la tabla adjunta:

Puede verse que en 2030 la cifra disponible para factores que no son pensiones será casi 750.000 millones de euros más que en 2010, y en 2.060 más del doble

3.- El Gobierno hace previsiones demográficas sin rigor: no se pueden hacer cálculos serios que vayan más allá de 10 años. Además, lo decisivo en un sistema de pensiones de reparto, como es el caso español, no es el número de jóvenes y adultos que hay por cada pensionista, sino el número de cotizantes y el importe de la cotización por cada uno de ellos. Pues bien, el número de cotizantes y las cantidades cotizadas han aumentado y lo seguirán haciendo en el futuro. Según datos oficiales, del 2010 al 2030 habrá un aumento de 2,5 millones de cotizantes y las cotizaciones aumentarán por el aumento de los salarios reales.

4.- En España, por ejemplo, un ejecutivo de Banco vive de media 10 años más que la persona que limpia en su Banco. Con la reforma propuesta, ésta tendría que trabajar dos años más para que el ejecutivo cobre diez años su pensión. Esto es contrario a la justicia social y al sentido común.

Por dos razones principales:

1. El Gobierno ha decidido favorecer a los Bancos facilitando las pensiones privadas. Los verdaderos beneficiados de ello son los Bancos y las gestoras. Nuestros ahorros les reportan enormes beneficios. Trabajamos para ellos.

2. Es por esto que los bancos y las cajas publican periódicamente informes anunciando el colapso de las pensiones en un plazo de diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), el Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009). El objetivo: crear alarma sobre el futuro de las pensiones públicas.

3. Manda una señal a los grandes inversores de capital a costa de los pensionistas. “No os preocupéis, estamos dispuestos a hacer lo que haga falta, aunque vaya contra muchos de nuestros votantes, para aseguraros altos beneficios. Seguid invirtiendo en España”.

Desde luego, no hace falta recortar las pensiones (en Italia representan el 14% del PIB), ni elevar la edad de jubilación (Francia la tiene a los 60 años), ni  ampliar el número de años para calcular la pensión.

1. Eliminar los topes máximos de cotización y acercar la cotización a los salarios reales. ¿Sabes que los altos salarios no cotizan por toda su retribución? La cotización máxima está fijada para un salario de 3.198 euros por 12 meses. Quienes ganan más, es decir, más de 38.376 euros brutos anuales, ya no cotizan más.

2. Combatir la economía sumergida. Puede estimarse al menos en 800.000 el número de trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social.

3. Facilitar la incorporación de la mujer al trabajo.

4. Transformar todas las becas, incluidas las de la Administración, en contratos de trabajo con alta en la Seguridad Social.

5. Combatir el fraude de ley de algunas empresas que despiden a los 11 meses, o en fin de semana o trabajan con falsos autónomos.

6. Limitar las rebajas en cotizaciones para programas de creación de empleo, cuando hayan demostrado su ineficacia.

7. Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales, incentivando en ese caso la pensión.

8. Impulsar políticas de estímulo del empleo, especialmente del empleo juvenil. La reforma del Gobierno pretende hacer trabajar a los mayores, mientras los jóvenes se resignan a estar tumbados en el tresillo.

9. El última instancia, el Sistema Público de Pensiones puede ser parcialmente financiado con los impuestos. Desde nuestro punto de vista, con más justificación que pagar los gastos de la Casa Real.