La semana pasada el gobierno regional anunciaba un plan de austeridad que, entre otras medidas, contemplaba importantes restricciones en la cobertura de sustituciones y vacantes de empleados públicos.

Aunque el anuncio decía que las medidas no afectarían a la educación, al igual que a otros servicios básicos como la sanidad, la dependencia o los servicios públicos de empleo, lo cierto es que la realidad demuestra que el gobierno tiene una visión muy restrictiva del servicio público educativo, pues sólo parece pensar en los docentes, pero no en el resto de trabajadores de los centros educativos cuyo trabajo es esencial para la buena prestación del servicio.

Este Plan de Austeridad refuerza la Orden de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda sobre normas de ejecución de los Presupuestos de la Junta para 2010 publicada el pasado 22 de Enero, que un año más establece fuertes restricciones para el nombramiento de funcionarios interinos y la contratación de personal laboral, exigiendo un informe previo preceptivo y vinculante de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, sea cual sea la circunstancia que dé lugar a la interinidad o la modalidad de contrato a realizar, y supedita el nombramiento a la existencia de crédito suficiente en el Capítulo de Gastos de Personal hasta final de año o en la aplicación presupuestaria con la que se financien los nombramientos o los contratos. Además, la Dirección General de Presupuestos dispone de cuatro días ampliables para responder favorable o desfavorablemente.

La aplicación de esta orden retrasa innecesariamente la cobertura de necesidades, entorpeciendo las prestaciones y perjudicando la calidad del servicio público; imposibilita en muchos casos recibir las prestaciones del servicio público educativo (por ejemplo, cuando no se cubren puestos que tienen atención directa al alumnado, como es el caso de los Auxiliares Técnicos Educativos (ATE), los Técnicos Especialistas de Jardín de Infancia (TEJI) y los técnicos del lenguaje de signos, cuya ausencia impide la escolarización de algunos alumnos); y empeora notablemente las condiciones de trabajo del resto de trabajadores.

Por otra parte, la orden contempla la realización de horas extraordinarias para el personal docente, medida de dudosa legalidad (el Estatuto Básico del Empleado Público no contempla la posibilidad de realización de horas extraordinarias), e inadmisible dadas las actuales cifras de paro.

Desde CCOO pedimos que se garantice la cobertura inmediata de todas las vacantes o sustituciones que se produzcan en los centros educativos, agilizando al máximo las gestiones necesarias; que se exima de todo tipo de informe previo la contratación o nombramiento de los colectivos profesionales que presten atención directa al usuario, atiendan a su manutención o garanticen las condiciones higiénico-sanitarias de los centros; y que desaparezca la posibilidad de realización de horas extraordinarias para el personal docente.

Pedimos a la Consejería de Educación y Ciencia que haga suyas estas peticiones y consiga una rectificación de la Orden de ejecución de los presupuestos para hacerlas posibles.

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